Texto y fotos:
Ailín Viltre Nuviola y Roxana Romero Rodríguez
Las primeras horas
del domingo llegan con la novedad de un viaje, no fuera de la provincia y mucho
menos del país. El recorrido, esta vez, sería hasta la finca de Emeregildo
Rosabal Palomo, Gildito para familiares y amigos; uno de los beneficiarios del
Decreto-Ley 259 de 2008, relativo a la entrega de tierras en usufructo.
Tras largas horas
de espera, suena un claxon, al fin llegaba el vehículo que nos llevaría hasta
El Dagame, dos kilómetros monte adentro desde la carretera de Chile, en el
municipio santiaguero de San Luis.
La ausencia del
color verde – que a causa de la sequía se va tornando habitual- caracterizaba
el desolador panorama; atenuado solo por la entusiasta bienvenida que nos diera
la familia del usufructuario, acompañada
de una sonrisa y un “buchito” de café.
A seis años de
convertirse en campesino, Gildito trabaja dos hectáreas de tierra; que rinden
anualmente entre cuarenta y cien quintales de viandas (esencialmente yuca),
maíz y frijoles. Además posee algunos
animales necesarios para el trabajo y la subsistencia familiar.
Sin embargo no
todo avanza cuesta arriba. “Los principales problemas radican en las
contrataciones, el pesaje, la demora en los pagos a la producción y la
delincuencia, pues el robo golpea mucho al campesino”, explicó el agricultor.
De igual modo la
Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Raúl Palomo, a la que está asociado,
no ofrece el asesoramiento técnico y los insumos materiales necesarios, para un
mayor rendimiento de la finca.
Según el informe
emitido por la Delegación de la Agricultura en el municipio San Luis, en enero
del presente año, “se ha logrado facilitarle el trabajo a los usufructuarios
con la creación de los centros comerciales GELMA, mejorando la gestión
logística de los insumos, equipamientos y servicios a los productores”. No
obstante, afirma Gildito, “nadie se ha portado por allí”.
Lo cierto es que
hay irresponsabilidad de ambas partes. Ni la CCS ha llegado hasta estas
tierras, ni el usufructuario se acercó a la entidad cooperativa, en la búsqueda
de contratación. De ahí se derivan
problemas con la transportación y comercialización de las producciones,
que en estos momentos, se realizan por esfuerzos propios. Ferias, pequeñas
empresas y comerciantes particulares, constituyen actualmente los principales
mercados.
El Decreto-Ley
259, fue solo el inicio para el estímulo a la producción agropecuaria,
principal renglón económico en el municipio. A partir de 2012, es el
Decreto-Ley 300 el que regula no solo la entrega de tierras en usufructo, sino
la responsabilidad de las entidades cooperativas sobre sus asociados en materia
de contratación, transportación y comercialización de las mercancías.Queda pues mucho
por andar. Al caer la noche, nosotros emprendimos camino de regreso;
convencidos de que solo la correcta aplicación del Decreto-Ley y la voluntad de
trabajar, podrán palear los efectos de la sequía y las carencias de
instrumentos de trabajo.
Y como dice
Gildito: “A pesar de los pesares, decido mantenerme”.
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